Ley REP de envases cumple tres años: empresas chilenas ya deben probar con datos qué hacen con su basura

Tres años han pasado desde que Chile comenzó a exigir en serio que las empresas se hagan responsables de los envases y embalajes que ponen en el mercado. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como Ley REP, rige con metas concretas desde septiembre de 2023, y en 2026 esas exigencias se vuelven más estrictas: los productores deben valorizar al menos el 51% del metal, el 32% del plástico y el 65% del papel y cartón que generan fuera de hogares, como en oficinas, industrias o comercios.

El problema es que la realidad del reciclaje en Chile todavía está lejos de esas cifras. Según un estudio que analizó los residuos municipales de 327 comunas del país, apenas el 1,5% de la basura generada fue efectivamente valorizada durante 2024. Una brecha enorme que revela que reciclar en Chile sigue siendo la excepción y no la regla.

Pero más allá de los números, hay un desafío concreto que enfrentan hoy miles de empresas chilenas: no basta con reciclar, hay que poder probarlo. Así lo advierte Bendito Residuo, firma especializada en gestión de residuos para organizaciones. Según sus expertos, el foco del cumplimiento ya no está solo en alcanzar los porcentajes exigidos por ley, sino en contar con registros claros y verificables de qué material se recuperó, cuánto pesó y adónde fue a parar.

Esto importa en la vida cotidiana porque, aunque la Ley REP apunta principalmente a empresas y productores, su impacto llega a todos. La gestión de residuos es, de hecho, el principal problema ambiental que los chilenos quieren ver resuelto, según una encuesta Ipsos–PUCV de 2026, donde un 26% de los encuestados la identificó como su preocupación número uno. Además, uno de cada diez chilenos reconoce la Ley REP como uno de los legados ambientales más importantes de las últimas tres décadas.

El sistema, además, sigue expandiéndose. En mayo de este año el Gobierno publicó un decreto que incorpora a la normativa pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, sumándose a neumáticos y aceites lubricantes. Aún están pendientes los decretos para baterías y textiles, sectores que también generan volúmenes significativos de residuos en el país.

Para las empresas, las obligaciones prácticas son claras:

• Deben estar adheridas a un sistema de gestión autorizado o demostrar que valorizan sus residuos por cuenta propia.
• Tienen plazo hasta el 30 de junio de cada año para informar al Ministerio del Medio Ambiente cuál opción eligieron.
• Solo pueden entregar sus residuos a gestores registrados y autorizados.
• Están obligadas a reportar su generación en el sistema oficial SINADER.

En un país donde la mayoría de la basura aún termina en rellenos sanitarios, la Ley REP representa un cambio de paradigma: que quien produce un envase también sea responsable de lo que ocurre cuando ese envase se convierte en residuo. El desafío ahora es que ese principio se traduzca en datos reales y verificables, no solo en buenas intenciones.